Michel Leporati N. (Columna de opinión Revista del Campo Lunes 28 Mayo 2012)
Hace rato que en el país la sociedad civil ha tomado protagonismos en la defensa de sus intereses, especialmente cuando aparecen megaproyectos de cualquier naturaleza. Las razones tienen que ver con el impacto directo de estas intervenciones en el cotidiano vivir de las comunidades aledañas, más allá que desde la racionalidad económica se pueda demostrar que los potenciales beneficios superen con creces los impactos indeseados. Ha ocurrido con las centrales termo e hidroeléctricas, con los grandes centros comerciales, con las explotaciones mineras y hoy con el complejo de Agrosuper en Huasco. ¿Y cuáles son los problemas? Fundamentalmente aspectos ambientales (la degradación de la calidad del aire, del agua, del suelo, del paisaje, y la contaminación acústica, visual) y sociales (migraciones, ocupación invasiva del territorio, alteración de costumbres y dinámicas sociales locales, desplazamientos, etc…) que suelen formar parte de las externalidades negativas que rodean las intervenciones productivas. ¿Quiere decir que ya no se sustenta el desarrollo de proyectos de gran escala? No es eso, sino más bien cómo éstos se concretan, desde la generación de las ideas hasta su operación final, siendo clave una clara, transparente, consensuada y participativa relación entre sus impulsores y las comunidades involucradas y que propenda a la preservación de los intereses de éstas, por específicos o menores que éstos puedan parecer. Además, es imprescindible un acompañamiento de la autoridad, en un rol facilitador de la convergencia entre los intereses y necesidades de desarrollo económico productivo del país y la sustentabilidad social y ambiental de las intervenciones, dando garantías a todos a través de un marco normativo y regulatorio conocido y una actuación oportuna y eficaz de sus instituciones.
Al parecer en el conflicto entre Agrosuper y la comunidad de Freirina, nada de lo anterior ocurrió, de otro modo es incomprensible que un problema derivado por malos olores de la planta de tratamiento, haya terminado en un conflicto social de repercusión nacional, con violentos desórdenes públicos, represión policial desmedida, heridos y detenidos, para concluir con la intervención de la autoridad, amparada en una apreciación, a mi juicio infundada, de una emergencia sanitaria y/o ambiental, cuya consecuencia es el cierre temporal del complejo y dudas respecto de su futuro.
Más allá de los omisiones de la empresa en su relación con el entorno, y sin minimizar el impacto que el problema de olores efectivamente acarreó para la vida de los habitantes, es objetivo que se trata de una inversión sin precedentes en el sector agroalimentario nacional, y que debía representar un polo de desarrollo para un territorio recientemente declarado como zona de rezago económico, con impacto socioeconómico y de largo plazo muy contundente. Es un complejo industrial de alta tecnología en el que no se ha escatimado en la adopción de las más sofisticadas soluciones tecnológicas en todos los aspectos, incluido el ambiental y el sanitario. Sin ir más lejos, recientemente, la OIE reconoció oficialmente su sistema de compartimentación sanitaria, único en el mundo. Es por ello que resulta sorprendente lo sucedido.
Sorprende que en este esfuerzo, económico, productivo y tecnológico, la empresa aparentemente no haya dimensionado adecuadamente el sentir de la comunidad que desde hacía algún tiempo se venía manifestando en forma civil y ordenada, y que ante la falta de la una adecuada atención a sus demandas derivaron en lo ocurrido las últimas dos semanas.
Sorprende la facilidad con que manifestaciones de descontento, más allá de la legitimidad de las razones que se tengan para protestar, escalan rápidamente a hechos de violencia inusitados. Acá no sólo se cortaron caminos y hubo enfrentamientos entre manifestantes y fuerzas de orden, también fueron afectados los trabajadores de la empresa y sus familias, que debieron ser evacuados para proteger su integridad. Ello es a todas luces inaceptable.
Pero lo que sin duda sorprende más es la reacción improvisada a destiempo y desproporcionada de la autoridad, que en un principio desoye a la comunidad, luego la reprime violentamente y desacredita su actuar, para luego buscar calmar los ánimos a través de autoridades nacionales que asumiendo posturas temerarias sobre desastres sanitarios y ambientales, -que son consecuencia del mal manejo del conflicto-, y finalmente implementa medidas de contención draconianas, como el cierre de la planta.
Objetivamente, además del problema de olores, que dicho sea de paso, la empresa se encontraba en proceso de resolución, a la fecha, según informaciones de prensa, se ha producido la muerte de mil animales por la falta de agua y alimento. Se trata de animales sanos y en confinamiento, bajo estrictas medidas sanitarias y de bioseguridad, cuya muerte en sí mismo no convierte la situación en una emergencia sanitaria. Lo mismo ocurre con el acumulo de purines en los pabellones, en donde el problema se encuentra acotado a las instalaciones afectadas y su pronta resolución, salvo los malos olores, no debiera constituir ni un problema sanitario ni ambiental crítico. Y para que ello no ocurra lo único que procede, en vez de clausurar la planta y especular sobre el destino de los animales, es dejar que la empresa tome control de las instalaciones y sus profesionales, técnicos y trabajadores regularicen a la brevedad la situación. Si se dilata el acceso y no se toman las medidas, ello sí pudiera representar un problema mayor. Esperemos que no nos tengamos nuevamente que sorprender por esto.
Sorprende la opinión de algunos que pretenden deslegitimar la preocupación por el bienestar de los animales haciendo paralelos absurdos con el padecimiento de la comunidad, como si la preocupación por la ética animal fuese contradictoria o atentara en contra de la dignidad de las personas afectadas.
O que a algunos les preocupe que en Freirina existan más cerdos que personas. En Uruguay hay más bovinos que personas y ello es motivo de orgullo, no de preocupación.
Y así podríamos seguir sorprendiéndonos respecto de la sucesión de errores que llevaron a esta situación. Esperemos que en vez de ello la empresa, las autoridades y la comunidad saquen lecciones para que situaciones como éstas no vuelvan a repetirse, por el bien de la economía, de la comunidad y de nuestro país.